Con este movimiento, desde este jueves quedan congelados los activos financieros en EE.UU. de su primera esposa, María Alejandrina Salazar Hernández y de su hijo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar.
Se trata de la sexta ocasión durante este año que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) "emprende acciones contra la organización del Chapo Guzmán", según aseguró Adam J. Szubin, director de la oficina del Tesoro mediante un comunicado.Además, prohíbe a ciudadanos estadounidenses llevar a cabo transacciones comerciales con cualquiera de los dos.
Sobre Guzmán Salazar pesa una acusación por narcotráfico del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Illinois en 2009, mientras que a Salazar Hernández se cree que presta ayuda material en las actividades de su esposo.
En mayo se había incluido a otros dos hijos de Guzmán Loaera en esta lista.
Guzmán Loaera escapó de una cárcel federal en enero de 2001 y es el hombre más buscado por las autoridades mexicanas.
La ley Kingpin
El anuncio del departamento del Tesoro se hizo conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, también conocida como Ley Kingpin.
Desde diciembre de 1999, esta ley intenta bloquear las actividades de individuos o de organizaciones extranjeras sospechosos de estar vinculados con el narcotráfico y de ser una amenaza para la seguridad del país.
Ahora Guzmán Salazar y Salazar Hernández son considerados operadores importantes del cartel.
"Esta medida se suma a los agresivos esfuerzos del Tesoro, junto con otras agencias de seguridad federales, para identificar a personas que facilitan las operaciones de tráfico de drogas del Chapo Guzmán y perseguir el desmantelamiento definitivo de su organización, responsable de innumerables actos violentos", agregó Szubin en la nota de prensa.
OFAC ha señalado a más de 1.100 empresas e individuos en todo el mundo con vínculos a 97 lideres de carteles del narcotráfico desde junio de 2000.
Las violaciones a la ley pueden ser sancionadas con multas de hasta US$1.075 millones y penas criminales más severas.
Las penas para los directivos de empresas pueden ser hasta de 30 años en prisión y multas de hasta US$5 millones, mientras que para las empresas pueden alcanzar los US$10 millones.
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